El debate sobre la inteligencia artificial ha pasado de ser una cuestión de innovación a tocar fibras éticas y jurídicas. Cuando un adolescente estadounidense se quitó la vida tras interactuar con un sistema de IA, la pregunta inevitable fue: ¿quién es responsable? La tecnología avanza, pero nuestras leyes parecen quedarse atrás.

La IA, como está ahora, no tiene personalidad jurídica. No podemos llevar a juicio a una máquina, pero eso no significa que no haya responsables. En España, la responsabilidad recae en las manos humanas que la crean y la manejan. Y mientras la IA se convierte en una herramienta indispensable, la regulación lucha por alcanzar el ritmo de la innovación.

El caso del adolescente es un recordatorio doloroso de que las máquinas no pueden reemplazar el contacto humano. La legislación europea está en proceso de adaptación, buscando un equilibrio entre innovación y protección de derechos. Pero, ¿será suficiente?

Volvemos a la pregunta inicial: ¿podemos juzgar a ChatGPT? Por ahora, la respuesta es no. Pero podemos exigir regulaciones más estrictas y responsables, porque detrás de cada IA hay una decisión humana que debe rendir cuentas. La tecnología no es el villano en esta historia, pero tampoco es la solución mágica. En última instancia, lo que está en juego es la humanidad en nuestra interacción con las máquinas.