En el panorama tecnológico actual, las empresas españolas se enfrentan a un desafío de adaptación sin precedentes: la implementación de la nueva Ley de Inteligencia Artificial. Esta normativa, diseñada para armonizar con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, busca asegurar que el uso de la IA se realice de manera ética, segura y transparente. Sin embargo, ¿están realmente listas las empresas para cumplir con estas exigencias?
El informe del Capgemini Research Institute revela un panorama preocupante. Solo el 36% de las organizaciones públicas de la Unión Europea se sienten preparadas para esta transición, y en el sector privado, el porcentaje es aún más bajo: apenas un 21%. La falta de preparación no se limita a aspectos técnicos, sino que también abarca cuestiones organizativas y jurídicas. Muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, perciben el cumplimiento de esta ley como una carga administrativa y técnica compleja, tal como lo destaca el informe Small & Medium Business Trends de Salesforce.
¿Qué implica realmente esta ley para las empresas? La Ley de Inteligencia Artificial categoriza los sistemas de IA en función de su riesgo, desde mínimo hasta inaceptable, este último prohibido. Las empresas que operan con sistemas de alto riesgo deben cumplir con una serie de obligaciones, que incluyen la realización de evaluaciones de impacto, la garantía de calidad de los datos, la transparencia en las decisiones automatizadas y la supervisión humana. Además, deben establecer canales de reclamación para los usuarios afectados por decisiones automatizadas.
Para afrontar este nuevo marco normativo, las empresas deben emprender una transformación integral que abarque lo técnico, lo organizativo, lo ético y lo legal. Desde Atico34, expertos en inteligencia artificial y protección de datos, recomiendan auditar los sistemas de IA existentes, clasificar los sistemas según su riesgo, designar un Delegado de Protección de Datos (DPO) y formar a los equipos en gobernanza algorítmica, entre otras acciones.
El DPO y los abogados especializados en protección de datos juegan un papel crucial en este proceso, no solo asegurando el cumplimiento de la ley, sino también facilitando la interpretación del marco legal y representando a las empresas en posibles inspecciones o denuncias.
La adaptación a la nueva Ley de Inteligencia Artificial no solo es un requisito legal, sino también una oportunidad para que las empresas refuercen su competitividad y confianza en el uso de esta tecnología. Aunque el camino hacia el cumplimiento es desafiante, estar preparado puede significar una ventaja significativa en el futuro empresarial.