La inteligencia artificial (IA) está transformando todos los ámbitos de la sociedad, y la administración pública no es una excepción. En la provincia de Alicante, el Centro de Inteligencia Artificial (CENID) está financiando un proyecto innovador para establecer un protocolo que regule el uso de IA en servicios públicos, buscando construir una administración inteligente que esté verdaderamente al servicio del ciudadano.
Conforme la tecnología avanza, los ayuntamientos y otras instituciones públicas han comenzado a adoptar aplicaciones basadas en IA que prometen mejorar significativamente los servicios ofrecidos y la relación con los ciudadanos. Desde agilizar tareas administrativas tediosas hasta facilitar la toma de decisiones, las posibilidades que ofrece la IA parecen casi ilimitadas.
Sin embargo, con estas oportunidades surgen también desafíos. La necesidad de protocolos claros y adaptados a la normativa europea sobre IA es evidente. Un equipo de investigación de la Universidad Miguel Hernández, dirigido por Alfonso Ortega Giménez, está liderando un proyecto para crear un protocolo que facilite la digitalización de las administraciones locales y mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
El equipo ha investigado las herramientas de IA actualmente en uso por los ayuntamientos y cómo se están aplicando, tanto en la relación con los ciudadanos como en el funcionamiento interno de las instituciones. Este trabajo ha incluido un análisis exhaustivo de la normativa y la literatura científica, proporcionando una base sólida para la redacción del nuevo protocolo.
Además, está prevista la creación de una página web que ofrecerá acceso abierto al contenido del protocolo, facilitando que las administraciones locales adapten sus actividades a la nueva normativa. Una vez finalizado, el protocolo será publicado junto con una obra colectiva que incluirá los resultados de la investigación.
Este esfuerzo conjunto busca no solo modernizar la administración pública, sino también asegurar que el uso de la inteligencia artificial en este ámbito se lleve a cabo de manera responsable y en beneficio de todos los ciudadanos, estableciendo un precedente para otras regiones y promoviendo un desarrollo económico y social sostenible.