El vertiginoso avance de la inteligencia artificial plantea desafíos que trascienden el ámbito tecnológico, afectando diversos aspectos de la vida cotidiana y superando la capacidad de adaptación de las estructuras institucionales. La ausencia de regulaciones claras no es neutral; representa un riesgo tangible para la equidad social, la privacidad y la estabilidad democrática.
Uno de los riesgos más apremiantes es la opacidad de los algoritmos, que toman decisiones que afectan a millones de personas sin que los usuarios comprendan sus criterios. Esta falta de transparencia mina la confianza pública y dificulta la fiscalización. Además, los algoritmos pueden perpetuar discriminaciones al aprender de datos históricos que reflejan prejuicios y desigualdades.
El uso masivo de datos personales para entrenar modelos de IA plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. Sin políticas de protección robustas, los ciudadanos quedan expuestos a una vigilancia extendida que supera fronteras. La manipulación de la información por algoritmos en procesos electorales ya es una realidad documentada, evidenciando la urgencia de una regulación eficaz.
La dimensión energética de la IA también merece atención. Los modelos de gran escala requieren infraestructuras intensivas en recursos, generando una demanda energética que presiona los sistemas eléctricos globales. La expansión de la IA, junto con el crecimiento del internet de las cosas y el almacenamiento en la nube, anticipa un aumento significativo en la capacidad necesaria para los centros de datos.
América Latina, con sus recursos naturales, tiene una oportunidad única para ofrecer soluciones sostenibles a esta demanda. Países como Argentina, México, Brasil y Chile son observados por gigantes tecnológicos interesados en sus recursos energéticos. Sin embargo, la región debe asegurarse de que estas inversiones contribuyan a un desarrollo equilibrado y sustentable.
La regulación de la IA no puede quedar en manos del mercado ni fragmentarse en iniciativas nacionales aisladas. Se requiere una coordinación internacional que establezca principios comunes de rendición de cuentas, equidad, sostenibilidad y privacidad. La ciudadanía debe involucrarse en este debate, exigiendo una gobernanza ética y democrática de la tecnología.
Organismos multilaterales y alianzas regionales, como la cumbre EU-CELAC y la UNESCO, tienen un rol crucial en este proceso. La gobernanza de la IA debe construirse con una visión global y espacios de diálogo inclusivos, asegurando que esta tecnología beneficie a la sociedad en su conjunto y no solo a unos pocos.