Una ley para gobernar a las máquinas
En Galicia, la inteligencia artificial ya no solo está en los laboratorios o en las grandes empresas tecnológicas. Desde hoy, también está en las leyes. El Parlamento gallego ha aprobado —y sin votos en contra— una normativa pionera en España y, posiblemente, en Europa: una ley que regula cómo debe usarse la IA dentro del sector público y que busca garantizar que esta tecnología, por muy avanzada que sea, no esté por encima de los derechos humanos.
Lo que ocurrió este martes en Santiago no es solo un trámite parlamentario. Es el intento de una comunidad autónoma de adelantarse a los riesgos y oportunidades de una revolución que ya está en marcha. Con los votos a favor del PPdeG y del PSdeG (aunque estos últimos con críticas), y la abstención del BNG, Galicia se convierte en un referente legal para otras regiones.
El texto, impulsado por la Consellería de Facenda y defendido por Miguel Corgos, establece un marco claro: la IA podrá ser usada por la administración pública, pero con condiciones. Si un ciudadano realiza un trámite con una máquina, tendrá derecho a pedir que lo revise una persona. Y antes de implementar un sistema de IA, la Xunta deberá evaluar su impacto sobre los derechos fundamentales.
Julio García Comesaña, portavoz del PPdeG, resaltó el carácter “pionero” de la norma. “Non hai nada igual nin noutras comunidades, nin na Unión Europea”, afirmó. La intención es doble: aprovechar los beneficios de esta tecnología en la sanidad, educación o economía, pero también ponerle límites para evitar abusos o usos opacos.
El texto no está exento de críticas. Desde el PSdeG, el diputado Julio Abalde lamentó que el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) no tenga un rol central y que se hayan descartado estructuras previas como el Nodo Galicia IA. Sin embargo, apoyaron la norma en un ejercicio de “oposición constructiva”.
Por su parte, el BNG se abstuvo. Su parlamentario, Daniel Castro, alertó del desequilibrio entre gobiernos y grandes tecnológicas, a las que llamó “os novos feudais”. Además, denunció que no se haya cuidado el marco lingüístico gallego ni garantizado el uso de datos públicos fiables.
La ley también contempla una red de organismos que vigilarán la implantación de la IA, con una oficina y un consejo específico, además de un comisionado que se encargará de controlar riesgos. Habrá, además, un inventario de sistemas y un fondo de apoyo a empresas que desarrollen soluciones tecnológicas, así como incubadoras y programas de aceleración.
En definitiva, Galicia se posiciona en la delantera del debate sobre IA con una legislación que combina ambición tecnológica con garantías democráticas. Porque, como dijo su promotor, el futuro no se puede frenar, pero sí regular.