La Ley de Inteligencia Artificial ya es una realidad: qué cambia y a quién afecta

Desde hoy, la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) en la Unión Europea entra en una nueva fase. Con la entrada en vigor de sus primeras prohibiciones, se establecen límites claros para el uso de esta tecnología en el ámbito laboral y empresarial. En el centro de la normativa se encuentra la prohibición del uso de IA para reconocer emociones en los trabajadores y el empleo de biometría para categorizar personas, prácticas que podrán ser sancionadas con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio anual de la empresa.

Pero, ¿qué implica esto realmente y quiénes serán los más afectados?

Las primeras restricciones: IA y privacidad en el trabajo

Uno de los mayores cambios es la prohibición de tecnologías que analicen las emociones de los empleados. Esto significa que ya no podrán usarse herramientas de IA para evaluar, por ejemplo, si un trabajador está motivado o comprometido con su tarea a través de su expresión facial o su tono de voz.

Además, el uso de datos biométricos para categorizar a las personas también queda prohibido. Este tipo de tecnologías, que pueden clasificar a los individuos según características físicas o patrones de comportamiento, han generado un fuerte debate sobre la privacidad y el control en el entorno laboral.

Según expertos del sector, las empresas más afectadas en esta primera fase serán las de seguridad, analítica de datos, recursos humanos y entidades deportivas. Esto se debe a que son los sectores que más han experimentado con estas herramientas para la gestión de personal y la toma de decisiones basadas en IA.

Control y adaptación: las empresas bajo la lupa

Más allá de las prohibiciones, la ley exige que las empresas que implementan IA garanticen que su personal tenga conocimientos adecuados sobre esta tecnología. En otras palabras, los empleados deberán recibir formación en IA para entender su funcionamiento y sus implicaciones.

Los sindicatos ya han advertido que supervisarán de cerca el cumplimiento de esta normativa. Según José Varela, responsable de IA y Digitalización de UGT, las empresas tienen tiempo suficiente para adaptarse, ya que la regulación completa no será obligatoria hasta febrero de 2027. Sin embargo, advierte que el incumplimiento traerá sanciones serias y que estarán atentos para evitar posibles abusos.

Sanciones millonarias y supervisión estatal

Las sanciones para quienes no cumplan con la ley son altas y contundentes. Las multas pueden llegar hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocios anual de la empresa si se considera que ha cometido una infracción grave. La Agencia Española de Supervisión de la IA (Aesia) será la encargada de aplicar estas sanciones y velar por el cumplimiento de la normativa.

A pesar de la magnitud de la regulación, aún no existen cifras concretas sobre su impacto en las empresas. Según Varela, la mayoría de las compañías no han revelado detalles sobre qué herramientas de IA tienen en funcionamiento, por lo que el alcance real de la ley aún está por verse.

Lo que sí está claro es que el uso de IA en las empresas aún es limitado. En la actualidad, solo el 3% de las pymes y el 12% de las grandes empresas han incorporado herramientas de IA en sus operaciones, lo que indica que su implementación aún no está completamente extendida.

Un cambio de rumbo en la regulación tecnológica

Este reglamento se alinea con otras normativas de protección de datos, como las recientes resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que han prohibido el uso de la huella dactilar y otros datos biométricos para registrar la jornada laboral.

Así, la UE marca un antes y un después en la regulación de la inteligencia artificial, buscando proteger la privacidad y evitar abusos en el uso de la tecnología. Para las empresas, este es el momento de adaptarse y redefinir sus estrategias en un panorama donde la IA estará más regulada que nunca.